Fue instituido el 29 de mayo de 1717 y suprimido en 1723 y restablecido definitivamente el año 1739. Su capital fue Santa Fe de Bogotá con jurisdicción sobre los territorios actuales correspondientes a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.
Las consideraciones que manejó
la corona para su creación giraron en torno a dos hechos. En primer lugar, la
zona era la más importante del continente en cuanto a la producción aurífera.
En segundo lugar, su situación entre los dos océanos y puerta de entrada a la
América del Sur, le permitiría enfrentar mejor el contrabando y los ataques de
piratas y filibusteros del Caribe.
Según el censo de 1778, la
población del virreinato ascendía a 742.759 habitantes. Se estimó que la
población de los territorios de la actual Colombia ascendía a 940.000
habitantes. Finalmente, la mayor población (62%) se encontraba en los
altiplanos andinos colombianos.
La injerencia extranjera, cada día más notoria en las colonias, especialmente por el contrabando y la piratería, merecía enfrentar la necesidad de la conquista administrativa y burocrática, económica y social del ya por entonces viejo imperio de ultramar. La decadencia de la producción de metales preciosos que se experimentó en el virreinato del Perú a fines del XVII provocó la búsqueda de nuevas fuentes de oro y plata, que se creyó encontrar en zonas apartadas pero conocidas de la Real Audiencia de la Nueva Granada. Se llegó a pensar que las minas del Chocó, Barbacoas, Antioquia, Patía y de algunas otras regiones bien podían reemplazar la producción de las agotadas vetas peruanas de Potosí. A lo que se debía sumar su potencialidad agrícola y la gran importancia que tenían sus puertos para el tráfico entre España y América y para el comercio entre las colonias. Todo ello redundó en que la casi abandonada Nueva Granada se convirtiera en objeto de interés y de notoria preocupación para las renovadas autoridades metropolitanas.
El nuevo virreinato,
delimitaba su territorio en una extensión de más de dos millones seiscientos
mil kilómetros cuadrados que comprendían "toda la provincia de Santa Fe,
Nuevo Reino de Granada, las de Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Guayana,
Antioquia, Popayán y San Francisco de Quito, con todos los demás términos que
en ellas estuviesen incorporados". Se designaba como capital a Santafé de
Bogotá. Se nombró como presidente de la Real Audiencia y encargado de preparar
la transformación administrativa a Antonio de la Pedrosa y Guerrero, miembro
del Consejo de Indias.
Más adelante Felipe V envió al
virrey un extenso pliego de instrucciones de gobierno que compendiaba las
políticas de concordia, protección y desarrollo que para las Indias se había
trazado.
Por entonces había quien
dudaba de la necesidad de este virreinato. El cabildo de Cartagena de Indias
solicitó que el virrey radicara en la ciudad para facilitar la protección del
puerto y la costa, objetivo fundamental de la nueva política. En febrero de
1720, Felipe V ordenó a sus funcionarios en Santafé, Cartagena y Popayán que
informaran sobre la conveniencia de adoptar lo solicitado. La mayor parte de
los consultados optaron por favorecer la determinación original. Prevaleció el
criterio que había orientado siempre a la administración colonial española:
desplegar las empresas colonizadoras en el interior del continente: ahora
también se fomentarían empresas mineras en zonas de difícil acceso.
En noviembre de 1723 se
dispuso la supresión del virreinato de la Nueva Granada, puesto que nada nuevo
ni bueno se había obtenido y "permanece sin aumento de caudales, ni
haberse podido evitar los fraudes y algunos desórdenes que se han ocasionado”.
Se designó a Antonio Manso Maldonado como el nuevo presidente de la Real
Audiencia. A pesar de que su jurisdicción pasó a pertenecer al virreinato del
Perú, el Consejo de Indias dictaminó "que el Presidente de la Audiencia,
Capitán General de las provincias de Santafé, tenga uso, y ejerza por sí solo
la gobernación de todo el distrito de aquella Audiencia, así como lo tienen los
Virreyes de la Nueva España". Con lo que se le proporcionaba completa
autonomía al gobernante neogranadino y, según sus funciones, responsabilidades
y atribuciones, bien podía equipararse a un virrey. Sólo que un presidente y
una Audiencia costaban menos que un virrey y su corte.
Plaza Mayor de Bogotá en 1810
En 1739 el rey designó a
Sebastián de Eslava como nuevo virrey de Nueva Granada. Se estableció así su
jurisdicción: "Panamá, con el territorio de su capitanía general y
audiencia a saber: las de Portobelo, Veragua y el Darién; las del Chocó, reino
de Quito, Popayán y Guayaquil. Provincias de Cartagena, Río del Hacha,
Maracaibo, Caracas, Cumaná, Antioquia, Guayana y río Orinoco, islas de Trinidad
y Margarita.
Durante el resto del período
colonial tan sólo se modificó el territorio al crearse la Capitanía General de
Venezuela.
Con el definitivo
establecimiento del virreinato se afirmaba la necesidad de una clara
centralización administrativa como alternativa coherente para la nueva
administración hispánica. Así, el principal objetivo de la "segunda
conquista", la de los Borbones y sus reformas, no era exclusivamente
detener a los extranjeros sino, más bien, controlar a los criollos y orientar
las estructuras económicas coloniales hacia la dependencia y complementariedad
con la metrópoli.