EDAD CONTEMPORÁNEA-41- LAS DESAMORTIZACIONES

La regente María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, se había tropezado con el problema de la guerra carlista. Tenía de su parte a los liberales o “isabelinos”, (en nombre de la futura reina, la hija de la regente, Isabel), contra los carlistas, asunto que ya hemos tratado en el capítulo anterior. El Gobierno, que lo presidía el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa, había sido nombrado en 1834, se encontraba en plena guerra sin recursos para pagar al ejército. Aquí es donde un comerciante gaditano, con gran carisma entre sus seguidores, casi un mago de las finanzas, Mendizábal, se ofrece a gobierno español para desde Londres hacer gestiones ante banqueros británicos y franceses y sus gobiernos, a fin de conseguir un empréstito al gobierno español. Juan de Dios Álvarez Mendizábal encarnó un prototipo muy valorado en la sociedad estadounidense actual, un hombre hecho a sí mismo. Nacido en una humilde familia de comerciantes que pasaban la jornada tras un mostrador despachando tejidos, lonas e hilados, a falta de recursos económicos para unos estudios reglados, se formó en el oficio de su padre, aprendió idiomas y descubrió que tenía un don para los negocios y también para la política. Tanto, que llegó a convertirse en el principal protagonista de la Revolución liberal española. De origen gaditano, Juan de Dios había nacido en 1790 en Chiclana de la Frontera. Combatió en la Guerra de la Independencia en las filas del Ejército del Centro. En 1811, siendo ya Ministro, firmaba como Álvarez Mendizábal. Pero la madre de Juan de Dios no se apellidaba Mendizábal, sino Méndez. Los Méndez se ganaban la vida con el negocio de la trapería y eran conocidos en Cádiz como una familia de cristianos nuevos de origen judío. El conocido político liberal decidió borrar a los judíos de su genealogía y sustituirlos por un origen vasco que, en sí mismo, ya era garantía de limpieza de sangre. Para ello le bastó cambiar su apellido Méndez por Mendizábal. En el Cádiz del siglo XVIII la casa de comercio Mendizábal era una de las más prestigiosas. Incluso amplió el engaño hasta hacer creer a su mujer que había nacido en Bilbao. Así lo declaró en el acta matrimonial. En junio de 1835 cae el gobierno de Martínez de la Rosa y se nombra a José María Queipo de Llano, conde de Toreno, en medio de una situación complicada pues toda España se hallaba controlada por juntas revolucionarias y era una etapa anárquica y tumultuosa de la vida política y social española. Conseguida la ayuda internacional por Mendizábal, tuvo como contrapartida la injerencia en la política interna del país. El conde de Toreno renuncia y a pesar suyo la reina se vio obligada a entregar el poder a los radicales, nombrando presidente del Consejo de Ministros a Juan Álvarez Mendizábal. Consiguió éste un voto de confianza para procurar los recursos que considerase necesarios para el sostén del ejército y terminar en breve tiempo con la guerra civil. Mendizábal comenzó a gobernar por decreto, siendo los más famosos los que regularon la desamortización. La verdad es que el asunto no era nuevo. No hubo una desamortización, sino varias. Este proceso se desarrolló en España desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Consistieron en que en el Antiguo Régimen, (el absolutismo), los bienes eran inalienables y por tanto estaban “amortizados”, a una familia, (como los mayorazgos), o a una Institución, (como la Iglesia, comunidades religiosas o los municipios). Los ilustrados (época de Carlos III) y luego el Estado liberal fueron expropiando por la fuerza a la iglesia católica, a sus órdenes religiosas, y a los municipios, propiedades que eran consideradas “manos muertas”, y no podían ser legalmente vendidos ni divididos, de tal forma que nunca disminuían. Sus bienes y tierras fueron sacados a subasta pública. El patrimonio eclesiástico se había ido nutriendo a lo largo de los siglos de donaciones, testamentos y herencias de quienes morían sin haber testado, y no era pequeño. Las desamortizaciones se idearon para crear una burguesía de clase media integrada por labradores que en esa subasta pública se hicieran con las tierras que después cultivarían. Así también las arcas públicas engordarían con la recaudación de más impuestos gracias a la nueva propiedad de esos terrenos y crecería la riqueza nacional. Este fue el modo en que el Estado liberal modificó el sistema de propiedad del Antiguo Régimen. La desamortización trata de sanear la Hacienda. El principio liberal es que la suma de las riquezas particulares es la riqueza de toda la nación.

Durante la Ilustración se habían tomado varias medidas para intentar enriquecer la nación por medio del fomento del comercio y de la industria. Estas medidas fallaron por no haber consumidores posibles. La tierra es pues, el factor desencadenante. Los labradores no pueden contribuir a la Hacienda por esta economía de subsistencia en la que viven. Para que puedan entrar en la economía nacional, los labradores deben convertirse en empresarios; en consecuencia, el Estado debe, en primer lugar, quitar los obstáculos de todo tipo con que cuentan para ello y, en segundo lugar, convertirlos en propietarios de sus propias tierras. Ya durante el reinado de Carlos IV, tuvo lugar la Desamortización de Godoy. El rey tuvo permiso del papa para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías. Hospitales, hospicios, colegios mayores universitarios, casas de misericordia, etc. También el rey impuesto, José Bonaparte, en agosto de 1809 ordenó la supresión de todas las Órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales, cuyas propiedades pasarían al Estado. De esta forma muchas instituciones religiosas desaparecieron prácticamente. Y con la guerra fueron ocupados y saqueados monasterios, iglesias y conventos. Posteriormente, durante el Trienio Liberal en 1820 se suprimieron los monasterios de San Benito, San Agustín, los colegios y conventos de las Órdenes Militares de San Juan de Dios, hospitales, etc. En 1835, el Presidente del Consejo de Ministros, Mendizábal, decretó la venta de los bienes inmuebles de esos monasterios y el 8 de marzo de 1836 se amplió la supresión a todos los monasterios y congregaciones. Todas las propiedades se encargaban a las comisiones municipales de su venta y finalmente iban a parar a gente adinerada que podían comprar esas posesiones, que aprovecharon lo importante, abandonando el resto. Para colmo la iglesia decidió excomulgar a los expropiadores y a los compradores, con lo cual muchos no se atrevían a comprar. Después en 1841, vino la Desamortización de Espartero, que duró poco tiempo, con idénticos resultados. En 1855 se realiza la mayor de todas las Desamortizaciones, que fue la de Madoz, ministro de Hacienda en época de Espartero que acabó siendo la de más vigencia de todas, ya que permanecería hasta 1924. Se declaró a la venta las propiedades comunales de ayuntamiento, clero, Ordenes Militares, de cualquier tipo, así sea de beneficencia, de enseñanza o atención médica. Fue la desamortización más brutal, pero por causas extrañas siempre se habla de la de Mendizabal.

Una peculiaridad de esta desamortización es que el Estado no era el propietario de las tierras, sino fundamentalmente los Ayuntamientos, así el Estado recibía el dinero de las ventas en nombre de éstos y les entregaba títulos de Deuda. Fue una manera de buscar fondos para industrializar el país y financiar el ferrocarril y tratar de estar a la altura de otros Estados europeos más adelantados en esas materias. Las desamortizaciones tuvieron su pro y su contra. El alto valor de las propiedades por sus dimensiones impidió el acceso a los campesinos con lo cuales los burgueses eran los nuevos propietarios y los campesinos se convirtieron en el proletariado agrario. Los edificios religiosos eran aprovechados, pero muchas iglesias y monasterios fueron abandonados después de haber quitado los objetos de valor para venderlos muchas veces al extranjero. Con el paso del tiempo esos edificios cayeron en la ruina total. Pero la Desamortización trajo un aspecto positivo, aumentó la producción agrícola al ser puestas en cultivo las tierras hasta entonces nunca trabajadas. La burguesía realizó inversiones para mejorar la producción con nuevas técnicas y especialización. Fueron favorecidas fundamentalmente el Levante y Andalucía.