PACTOS DE LA MONCLOA- 1977

Adolfo Suárez, presidente del gobierno, había sostenido conversaciones con Felipe González y Santiago Carrillo, después de constituirse las Cortes Generales tras las elecciones del 15 de junio de 1977, con el fin de sondear la posibilidad de un acuerdo de estabilidad, dado que el apoyo parlamentario del Gobierno no era de mayoría absoluta. Además, las Cortes no se habían planteado como constituyentes, y esa era la intención de la oposición y de una parte significativa de miembros de la Unión de Centro Democrático, partido del gobierno.

ENRIQUE FUENTES QUINTANA 

Al mismo tiempo, Suárez encargó al Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, que tratase la posibilidad de un acuerdo marco con los nuevos sindicatos legalizados, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), para evitar el alto nivel de conflictividad social. La UGT y la CNT rechazaron el acuerdo, así como también algunas secciones sindicales de Comisiones Obreras. Más tarde las centrales obreras UGT y CC.OO. finalmente firmaron el acuerdo, junto a la Patronal y otras fuerzas políticas españolas, siendo la anarcosindical CNT quien mostró su total rechazo a los Pactos.
Para abordar el asunto de la economía tenemos que retroceder un poco. En los primeros años de la década de los 70 se habían alcanzado cifras próximas a las medias europea. Y precisamente ahora que estrenábamos el sistema democrático, todavía en el horno, nos tocaba lidiar con problemas económicos muy serios que preocupan a toda la población. Se precisaba pues una actuación decidida que imprimiera un giro a la situación, ya que además la democracia peligraba por los extremos.

Sindicalistas, Nicolás Redondo (UGT) y Marcelino Camacho (CC.OO)

Ya la situación económica mundial, agravada por la del petróleo, tuvo como consecuencias un descontento generalizado en la sociedad, con huelgas y manifestaciones y complicada situación laboral en 1976. Esto obligó al primer gabinete de la monarquía a tomar medidas como la devaluación de la peseta en febrero de 1976. A la caída de Arias Navarro se procedió a poner parches mediante decretos ley hasta que se definiera el horizonte.
La tasa de inflación llegaría a límites impensable en 1977, más del 35%.
El primer gobierno elegido democráticamente en junio de 1977 lo había conseguido Suárez y contaba entre sus ministros al profesor Enrique Fuentes Quintana, el hombre más destacado de la economía española de aquel momento. Clave para encauzar el proceso económico. Una figura que a poco de ser nombrado habló por televisión a toda España explicando donde estábamos y lo que había que hacer. Y lo lograron. Como vicepresidente económico llevó a cabo el Programa de Saneamiento y Reforma Económica acordado por las fuerzas democráticas en lo que se llamó “Los Pactos de la Moncloa”, una profunda reforma fiscal para sanear y reformar la Hacienda. Entregó un diagnóstico de la situación a los firmantes donde apuntaba que la situación de España era de una crisis interior dentro de otra exterior, y aquella motivada por las carencias de estructuras y por la falta de realismo con la que se había enfrentado a los problemas. Las medidas correctoras serían necesariamente impopulares ya que exigía sacrificios. Reducción del gasto público, crecimiento salarial no superior a la inflación prevista, y reducción de las cuotas a la Seguridad Social. Dar facilidades a la contratación laboral, intensificación de la exportación y otras medidas.
Los “Pactos de la Moncloa” se firmaron el 25 de octubre de 1977 con los representantes de los partidos políticos y reflejaban la voluntad popular mayoritaria expresada en los votos de las anteriores elecciones. Suárez, Carrillo, Fraga, Roca-Junyent, Tierno Galván y otros, fueron los componentes. Se comprometieron a su desarrollo el Congreso de los Diputados y en el Senado, entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, los partidos políticos con representación parlamentaria, las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la CNT, con el objetivo de llegar a una estabilización del proceso a la democracia plena y también conseguir adoptar una serie de políticas de orden económico para contener la hiperinflación que sufría el país.

Manuel Fraga (A.P) y Sangiago Carrillo (P.C.)

Entonces teníamos a gente de valía en los puestos importantes.
Los políticos españoles habían dejado de lado momentáneamente sus intereses partidistas para conseguir una democracia sólida y duradera. Digan lo que digan, por ejemplo Manuel Fraga y Santiago Carrillo supieron darse la mano. Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras, (y más adelante diputado comunista), que había luchado en la Guerra Civil dijo el 16 de octubre de 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía, (la segunda, que fue muy amplia),  "La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores, pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento".
Tras la firma de los pactos fueron aprobados en el Congreso y el Senado. Los efectos de su puesta en marcha no tardaron en hacerse sentir con equilibrio primero y mejora poco después. Se frenó la inflación y se redujo el déficit exterior y ya en 1979 arrojaba un superávit.
Pero si bien la economía era un problema fundamental, existían muchos otros como el terrorismo, el paro, la intransigencia de unos y otros, y las nacionalidades históricas, y las relaciones internacionales, temas aún por resolver.

Componentes del Pacto de la Moncloa 

Todo aquello se trató, se acometieron medidas muchas controvertidas e impopulares, otras rechazadas por algunos, pero se fue avanzando, incluso a medida que la figura del presidente Suárez fue declinando.
La política exterior estuvo desarrollada en el ministerio por Marcelino Oreja Aguirre, que ya había renovado acuerdos en 1975 con EE. UU. La voluntad de ingresar en la Comunidad Económica Europea y de tener un cierto equilibrio, planteaba además la conveniencia de integrarse en la OTAN, organización militar vinculada a EE.UU. También se abordó, como tema doméstico la vieja reclamación de Gibraltar frente a Gran Bretaña. La actividad diplomática fue muy intensa ante la CEE, y obtenido el visto bueno del Consejo de Ministros Comunitario, se solicitó formalmente. Se ingresó en el Consejo de Europa y se firmó la Convención Europea de los Derechos Humanos, medidas fundamentales antes de las negociaciones que se habían prorrogado para más adelante.